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El 11 de noviembre pasado se vivió una de las jornadas de
lucha sindical más trascendente en varios años de historia en México. El Paro
Nacional movilizó a trabajadores de diferentes gremios, a académicos y
estudiantes de distintas universidades, a organizaciones vecinales y campesinas
e incluso a un sector de la comunidad de artistas e intelectuales. Si bien
dicha jornada de lucha tuvo como epicentro la ciudad de México, las
movilizaciones y manifestaciones de descontento se extendieron a 29 de los 32
estados del país, para mostrar el rechazo al "sabadazo", según el
periódico La Jornada en su edición del 12 de noviembre.
En cada una de esas movilizaciones hubo manifestaciones de
repudio en diferentes magnitudes contra el "sabadazo", término con el
que popularmente se conoce la noche del sábado 10 de octubre cuando, como
ladrón al amparo de la oscuridad, la
militarizada Policía Federal tomó bajo las órdenes de Felipe Calderón,
presidente espurio de México, las instalaciones de la empresa paraestatal Luz y
Fuerza del Centro (LyFC) con el fin de aplicar el decreto de extinción que
justifica su cierre y el despido de más de 40 mil trabajadores organizados en
el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
¿Qué significa la
extinción de LyFC?
En 1960 la industria eléctrica es nacionalizada derivando
ello en la existencia de dos poderosas empresas paraestatales, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y LyFC, por medios de las cuales el monopolio de
la producción y distribución de la electricidad queda bajo el control del
Estado. Al igual que la nacionalización del petróleo en 1938, esta medida del
régimen expresaba el carácter nacionalista y populista del Estado, pero al
mismo tiempo también expresaba uno más de los diferentes resultados tras de
décadas de profundas luchas obraras y sociales, mis que tendrían un peso
bastante significativo en la política de nacionalizaciones.
La crisis del capitalismo, la cual se va a expresar de una
forma particularmente aguda en los años ochenta por medio de la llamada crisis
petrolera y de la deuda externa de 1982, derivaría en el gradual pero acelerado
colapso del viejo modelo del Estado benefactor inaugurándose de este modo,
siguiendo los dictámenes del FMI y el BM, una nueva estrategia de la burguesía
mexicana en la cual el Estado implementaría una feroz política de recortes al
gasto público, elevación de impuestos y privatizaciones. Aún en 1984, dos años después de estallada
dicha crisis económica, el gobierno federal era propietario de poco más de mil
150 empresas de todo tipo; hoy en día esa cantidad se aproxima a las 100
empresas públicas. La privatizaciones dejaron cuantiosas sumas al Estado (tan
sólo entre 1988 y 1993 bajo el gobernó de Carlos Salinas dicha cantidad
ascendió a los 23 mil 731 millones de dólares) mismas que en su mayoría fueron
empeladas para amortizar la deuda externa además de permitir nuevos y jugosos
negocios para la burguesía, tales como Teléfonos de México cuya privatización a
favor de Carlos Slim creó una magnifica base material para que este empresario
se lanzara en búsqueda de más fortunas hasta transformase en uno de los hombres
más ricos del planeta.
A pesar de la radical política de privatizaciones de las
últimas tres décadas, los distintos gobiernos de la burguesía, unas veces
frenado por las masas en las calles (el ejemplo más destacado es la lucha del
SME que en 1999 impidió la privatización de la electricidad) y otras veces ante
el temor a la reacción de los trabajadores, no pudo dar ese paso definitivo en
el sector energético, consolándose con darle cabida al sector privado sin que
ello significara la privatización completa de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Este
camino de pequeñas reformas iniciado por Salinas se profundizó con los años a
tal grado que, a pesar de no estar privatizada la industria eléctrica, permitió
que la participación del sector privado en la generación de electricidad
evolucionara a lo largo del gobierno de Vicente Fox (2000-2006) hasta
aproximadamente el 30% de la demanda del consumo nacional. Pero la burguesía
nuca se sintió satisfecha, exigiendo
todos los días ir a fondo hasta lograr una privatización plena y total de la
electricidad. Fox no pudo cumplir este anhelo y ahora Calderón, a medio camino
de su mandato, a ojos de una burguesía sumamente agobiada por la actual crisis
económica, interviene con el "sabadazo" es un intento especialmente
enérgico del régimen por cumplir las expectativas de los capitalistas.
Pero las intenciones de Calderón y de la burguesía no paran
ahí: el "sabadazo" también es la destrucción de uno de los mejores y
más importantes Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) plagado de importantes y
envidiables prestaciones laborales. El CCT de LyFC, de cara a los intereses de
la burguesía, tenía que ser destruido por oneroso, pero particularmente por el
mal ejemplo que este representaba para el resto de la clase trabajadora.
Pero yendo aún más lejos de esas motivaciones de carácter
económico, muy importantes por supuesto para los burgueses y el Estado, el
"sabadazo" también persigue objetivos políticos: tratar de borrar del
mapa, de una vez por todas, de la lucha de clases al SME, sindicato con una
añeja tradición de lucha, que lo
presenta como un serio obstáculo en el camino de las privatizaciones restantes,
entre ellas, PEMEX, la joya de la corona. Calderón y la burguesía para dar ese
paso ven como una condición previa destruir al SME, pero también como un medio
que pueda tener un efecto desmoralizante sobre el conjunto de la clase obrera a
tal grado que la haga presa fácil de toda clase de ataques. Producto de la
crisis económica, desde hace meses los empresarios han estado insistiendo en la
necesidad de abaratar aun más la mano de obra mexicana y Calderón pretende
facilitarles esta tarea por medio de las implicaciones que en un momento dado
podría tener sobre la clase trabajadora una derrota sobre el SME.
"Aquí se ve la
fuerza del SME"
La anterior es una consigna histórica y la más coreada por
los electricistas cada vez que salen a las calles. El "sabadazo"
provocó una reacción inmediata y muy militante por medio de movilizaciones de
miles de trabajadores en diferentes puntos del país y no solo electricistas.
Esta decisión de la clase trabajadora por intentar revertir el ataque a LyFC y
al SME, quedó nuevamente ratificada en la magnífica movilización del 15 de
octubre que tan sólo en el Ciudad de México lanzó a las calles aproximadamente
a medio millón de personas. Esta respuesta masiva demostró que el ataque contra
el SME es interpretado por amplias capas de la clase trabajadora como algo que
tiene más trasfondo y la antesala de una nueva ofensiva bastante ambiciosa
contra los derechos laborales; pero no solo los trabajadores han sacado esa
conclusión, sino también miles de estudiantes ven seriamente amenazadas a las
universidades públicas.
Este sentimiento de unidad de clase y el fuerte deseo por
frenar a Calderón fue el que motivó la participación no sólo de diferentes
sindicatos, sino además la incorporación a la lucha de dirigentes y amplios
contingentes del PRD, del PT, además del principal dirigente de masas en la
actualidad, López Obrador (AMLO); también es importante destacar, por las
implicaciones políticas que expresa, la participación de la priísta Confederación
Nacional Campesina (CNC).
La respuesta demostrada tras el "sabadazo" creó
una base bastante favorable para Paro Nacional convocado para el 11 de
noviembre. Durante ese día, no sólo fue
cercada la Ciudad de México, al cerrar los trabajadores durante algunas horas
los cinco puntos de acceso que la conectan con el resto del país, sino que
además hubo movilizaciones en un sinfín de avenidas y calzadas del DF.
Además, como no sucedía desde 1968, por primera vez se
paralizó al unísono todo el sistema de universidades públicas del México DF, lo
cual, dado sus enormes dimensiones (tan sólo la UNAM aloja alrededor de 290 mil
estudiantes) es por sí mismo muy significativo. Es destacable el profundo
sentimiento de unidad demostrado, nuevamente, por la clase trabajadora y la
juventud.
El 11 de noviembre, el tema central de conversación de gran
parte de los trabajadores de este país fue el SME, su lucha y el paro nacional.
La propaganda activa, y con hechos, sobre la forma en que debe luchar la clase
trabajadora jamás en décadas se había visto tan favorecida y con tanta
magnitud. Las implicaciones políticas que esto tiene sobre la conciencia de la
clase trabajadora en un país cuya última huelga general se desarrolló en 1916,
hacen del pasado Paro Nacional un acontecimiento de especial relevancia para la
historia contemporánea del movimiento obrero mexicano.
Ahora, debido a ello, la cuestión de una huelga general está
más implícita que nunca en la situación. La Asamblea Nacional de la Resistencia
Popular en la cual participan al lado del SME decenas de sindicatos más y otras
organizaciones populares, en su reunión del 20 de noviembre acordó formar
consejos nacionales y estatales que organicen una huelga nacional para las
primeras semanas de 2010. Definitivamente ese es el rumbo a tomar para luchar
contra la política de Calderón. No obstante, hay que señalar que una de las
tareas más importantes que se tienen que fijar dichos consejos es la de lanzar
una intensa labor de agitación entre los obreros industriales cuyos sindicatos
en su gran mayoría están bajo el control de los dirigentes charros afiliados a
PRI. Es necesario romper el cerco impuesto por estos dirigentes y dar un
programa de acción concreto a esta capa de trabajadores para que se integre a
la lucha y a la convocatoria de la huelga general. De lograrse ese paso la
balanza se inclinará con mucha más fuerza a favor del SME y del movimiento
obrero. Calderón pude ser derrotado.
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